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El fiscal imputa al ex alcalde “popular” de Ares, Manuel Cendán, un delito electoral
16 xullo 2010 10:19
La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso interpuesto por el ex alcalde “popular” de Ares, Manuel Cendán, contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol de transformación a procedimiento abreviado de las diligencias abiertas por un supuesto delito electoral. A partir de esta desestimación se ha conocido la acusación formulada contra el mencionado político, que en la actualidad es el portavoz del PP municipal, y la funcionaria del Concello María Monserrat Rodríguez Sánchez como supuestos autores de un delito electoral, por el que interesa que se les impongan penas de arresto mayor, a sustituir por multas, y su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por el PSOE, Upares y BNG, también acaba de formular su escrito de acusación, en términos similares a los del Ministerio Público, pero especificando que la inhabilitación a Manuel Cendán sea por un período de 15 años, por concurrir la circunstancia agravante de prevalimiento de cargo público.
En el escrito de acusación de la Fiscalía se refiere que, en fecha indeterminada, pero en todo caso desde el mes de octubre de 2002 y hasta la celebración de las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003, José Manuel Cendán Fernández, que en ese momento era alcalde de Ares, y María Monserrat Rodríguez Sánchez, funcionaria encargada del control administrativo de la confección del padrón de habitantes, decidieron incrementar el censo. Supuestamente, lo hicieron con el propósito de alterar el resultado electoral y para ello incluyeron en el padrón municipal “al menos a 73 personas”.
En concreto, el representante del Ministerio Público relaciona a 12 personas que se hicieron constar como residentes en el domicilio de la acusada María Monserrat Rodríguez Sánchez.
Por su parte, en una casa en ruinas situada en la calle Lubre se procedió a la inscripción de otras tres personas; en un garaje de la calle Seselle a otras seis; en un domicilio inexistente de la calle Dolores, a tres más; y en otra vivienda que tampoco existe de la calle Seselle a otros tres.
El fiscal hace constar que ninguna de esas personas residía en los domicilios indicados. A este respecto, en la calificación de la acusación particular se solicita la citación de estas personas para el juicio, en calidad de testigos, y se indican los domicilios reales, la mayoría de los cuales corresponden a la ciudad de A Coruña, aunque también hay gente de Mugardos, Silleda (Pontevedra), Arteixo, Ferrol y San Pedro de Nós.
A pesar de que en las hojas de empadronamiento figuran las supuestas firmas de estas personas, la Fiscalía no considera acreditado que lo hiciesen con conocimiento de la finalidad perseguida, por lo que no figuran como imputadas.

Relación sentimental > Por su parte, la acusación particular hace constar en su escrito que Manuel Cendán contó con la cooperación necesaria de Monserrat Rodríguez Sánchez, que prestaba servicios en el Concello como personal laboral y ejercía de secretaria personal del alcalde, con el que también mantenía una relación sentimental.
El escrito continúa diciendo que, el entonces alcalde entregaba regularmente una relación de datos de las personas a empadronar a la funcionaria, quien, supuestamente, cubría con puño y letra las solicitudes de inclusión en el padrón de habitantes, pasando, posteriormente, a formar parte de las listas del censo electoral. Al parecer, y siempre según la acusación particular, cuando se iniciaron estas prácticas el funcionario que se encargaba del censo indicó al alcalde que esto no era correcto, ya que debían de ser las personas interesadas las encargadas de solicitar su empadronamiento, a lo que, supuestamente, Manuel Cendán contestó: “Cada uno se empadrona donde le da la gana”, añadiendo que sabía que en el Ayuntamiento de Oleiros también se hacía y que había familias de gitanos en casas de concejales.
En el escrito de acusación particular se indica, asimismo, que a raíz de una nota de prensa publicada en esas fechas sobre posibles irregularides en el censo electoral, el alcalde acusado indicó al funcionario encargado del censo que podía abrirle un expediente disciplinario. Al parecer, en ese momento el funcionario en cuestión causó baja médica y, por decisión de la Alcaldía, pasó a encargarse de la confección del padrón la otra acusada.
En el mes de marzo de 2003 se recibió una circular de la Junta Electoral Central advirtiendo a todos los delegados provinciales de estadística de que si detectaban irregularidades en los padrones actuasen en consecuencia. En estas mismas fechas, el grupo municipal del BNG y Upares presentaron denuncias ante la Delegación Provincial del INE y en la Oficina del Censo Electoral, al haber detectaodo un incremento notable de electores. Ante ello, la Oficina del Censo solicitó un informe justificativo y las hojas de las altas. Al parecer, el alcalde alegó que el incremento poblacional estaba motivado por el nuevo plan de urbanismo, además de dar cuenta de la tramitación de 40 bajas de oficio, sin indicar los motivos.
La acusación particular señala que las listas del censo no fueron expuestas al público, bajo el pretexto de que se optaba por el sistema informático y las personas que acudían a comprobar el padrón eran informadas directamente por la funcionaria imputada. Añade que en total fueron censadas irregularmente alrededor de 200 personas, de las que 31 figuraban distribuidas en el edificio del entonces alcalde. Además de las bajas de oficio realizadas por el Concello, la Junta Electoral dejó sin efecto a otros 73 electores, algunos de los cuales pudieron votar, según la acusación particular.

Noticia Diario de Ferrol
16-7-2010
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